La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió ayer que las extensas prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad deben estar debidamente justificadas con “indicios concretos” de riesgo procesal, al considerar que prolongar el encierro sin fundamentos suficientes implica una “pena anticipada” y una violación al debido proceso.
El pronunciamiento del máximo tribunal surgió en el marco del caso del platense Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU), y que permanece detenido con prisión preventiva desde diciembre de 2013, en el marco de una causa por secuestros y homicidios ocurridos antes del golpe de Estado de 1976.
La Corte resolvió sobre una nueva prórroga dictada en mayo de 2025, lo que eleva a casi doce años su detención preventiva, pese a que el plazo máximo previsto por ley es de tres años.
En su resolución, la Corte sostuvo que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo y deben basarse en riesgos procesales reales”.
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